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Mar 10, 2016 4:00 EST

El gobierno de Uganda arremete contra organizaciones sociales

iCrowdNewswire - Mar 10, 2016

El gobierno de Uganda arremete contra organizaciones sociales

 

Un activista de la comunidad LGBTI de Uganda en una marcha en Entebbe en 2013. Crédito: Amy Fallon/IPS.

 

KAMPALA, 9 mar 2016 (IPS) – Casi dos semanas después de unas controvertidas elecciones, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó en enero una ley que restringe las operaciones de miles de organizaciones no gubernamentales que trabajan en este país africano.

La norma contiene “disposiciones con obligaciones especiales que son vagas y están mal definidas, lo que habilita el abuso”, según trabajadores del sector.

El texto de la ley señala que procura crear “un ambiente conducente y habilitante” para las organizaciones no gubernamentales (UNG), así como “fortalecer y promover la capacidad de las organizaciones y su mutua colaboración con el gobierno”, según pudo leer IPS.

Pero Adrian Juuko, director ejecutivo del Foro de Promoción y Concienciación en Derechos Humanos (HRAPF, en inglés), explicó que la preocupación surge de disposiciones que impedirían a unas 11.000 ONG hacer cualquier cosa en contra de “los intereses de Uganda” y de la “dignidad de los ugandeses”.

“El uso del término ‘dignidad’ pone en riesgo a las organizaciones que trabajan con cuestiones relativas a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI)”, puntualizó Juuko en diálogo con IPS. La disposición sugiere que Uganda “preferiría mantener su dignidad antes que aceptar la homosexualidad”, acotó.

La aprobación de la norma “puede ser otra forma de reintroducir la anulada ley contra la homosexualidad, pues afectaría por igual a las organizaciones que ofrecen servicios para personas LGBTI o que abogan por la despenalización de las relaciones entre individuos del mismo sexo”, explicó.

La norma contra la homosexualidad fue aprobada por el parlamento el 20 de diciembre de 2013, y sustituyó la cadena perpetua por la pena de muerte. La ley fue promulgada por Museveni el 25 de febrero del año siguiente, pero el Tribunal Constitucional la invalidó por razones procesales seis meses después.

En 2014, hubo 89 casos de violencia contra personas LGBTI , según un informe divulgado en julio por HRPAF, y las agresiones y la discriminación continúan inalteradas.

La nueva ley dispone de hasta tres años de cárcel o una multa de unos 432 dólares, o ambas, por lo que los activistas califican de “delitos menores”. También prevé una pena de un año de cárcel por negar el acceso a un inspector de la Oficina de ONG, rechazar o no cumplir con una orden o instrucción suya.

La norma fue aprobada por el parlamento en noviembre, pero los activistas protestaron contra sus duras disposiciones para que fueran enmendadas antes de que llegara a la asamblea en abril.

Museveni, quien gobierna este país de África oriental desde hace 30 años, fue reelegido el 18 de febrero en unas elecciones consideradas una “farsa” por la oposición. También fueron criticadas por observadores internacionales que denunciaron la falta de transparencia.

La promulgación de la ley “marca tiempos difíciles” para las ONG en el próximo gobierno de Museveni; es una “consecuencia de un prolongado mandato que da pie a la paranoia y a rechazar las críticas”, opinó Nicholas Opiyo, director ejecutivo de la organización Chapter Four.

También dijo que la ley promueve “una perspectiva errónea del sector, como una amenaza a la seguridad en vez de como un sector del desarrollo”. Además, dijo que la ley obliga a las ONG a tener un permiso emitido por el Estado.

“La promulgación de una ley con fallas no puede ocurrir en peor momento”, dijo a IPS la directora ejecutiva del Proyecto de Acceso Global a la Salud, Asia Russell.

“Las amenazas, el acoso y la intimidación del gobierno contra la sociedad civil, los medios y la oposición se intensifican. Enseguida después de unas controvertidas elecciones, el presidente Museveni le echa leña al fuego”, añadió.

“Si el gobierno busca hacer cumplir cualquiera de los artículos controvertidos, vamos a impugnar su legalidad en el Tribunal Constitucional”, dijo el asistente de programa de Chapter Four, Anthony Masake, a IPS.

El gobierno de Uganda no respondió a las consultas de IPS sobre las críticas a la nueva ley.

Museveni ganó los comicios con 60,62 por ciento de los votos, seguido por Kizza Besigye, con 35.61 por ciento y aspirante a la Presidencia por cuarta vez, quien permanece en prisión domiciliaria y pidió a la comunidad internacional que rechazara el resultado electoral.

Otro presidenciable, Amama Mbabazi, ex primer ministro del gobierno del Movimiento de Resistencia Nacional, de Museveni, también impugna los comicios.

Observadores de la Unión Europea (UE) señalaron la “falta de transparencia e independencia de la Comisión Electoral” durante los comicios.

Mientras, Olusegun Obasanjo, quien encabeza el Grupo de Observadores de la Mancomunidad en Uganda, dijo que la demora de seis horas en la entrega de las papeletas a los centros de votación fue “absolutamente inexcusable y no inspira confianza en el sistema ni en el proceso”.

“No hay manera de que alguien realmente crea que los resultados anunciados reflejan la voluntad del pueblo”, dijo a IPS el presidente de la Red de Ciudadanos Observadores de Elecciones de Uganda, Livingstone Sewanyana.

“Ya dejamos claro que estaremos encantados de ayudar a cualquiera de las partes afectadas que decida recurrir a la justicia proporcionándoles información”, declaró Sewanyana. Su organización recogerá datos de los observadores hasta junio.

El 29 de febrero, numerosas destacadas figuras femeninas solicitaron a la Comisión Electoral una Declaración de Formularios de Resultados de todos los centros de votación de ciertos distritos donde se registró número significativo de votos válidos que fueron excluidos del recuento nacional o los que tuvieron casi 100 por ciento de participación, con casi todos los sufragios incluidos en el total.

Los votos de unos 1.700 centros de votación fueron excluidos del resultado final, anunció la comisión el 20 de febrero, sin mayor explicación. El presidente del organismo, Badru Kiggundu, rechazó los cuestionamientos alegando que las críticas “no era inusuales” en el proceso electoral.

“Los observadores del todo el mundo tienen la libertad de decir lo que les parezca y expresar su opinión”, dijo en diálogo con IPS.

El portavoz del gobierno Shaban Bantariza dijo que Museveni ganó “porque muchos factores estaban a su favor de forma legítima y genuina”.

“Las posibilidades de ganarle eran ínfimas”, dijo a IPS, y acusó al jefe de la misión de observación de la UE de no visitar suficientes centros de votación y luego “enfurruñarse”.

Traducido por Verónica Firme

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Amy Fallon

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