En Chile, Brasil y México este tipo de financiamiento colectivo comenzó con reglas propias, a la espera de leyes que lo validen.
Por David Cornejo
Invertir en acciones no es un hábito generalizado en América Latina. Se prefiere guardar los billetes bajo el tibio colchón antes que invertir en algo que no se entiende. Pero hay un modelo de inversión que promete revertir esta tendencia: el crowdfunding equity, la venta de acciones de un emprendimiento mediante una plataforma web. La idea es animar a personas a inscribirse online para invertir desde montos pequeños, armando una red de inversionistas para nuevos proyectos. Tras juntar un monto establecido, cada empresa emite acciones para cada uno por la parte de capital adquirido. Y al momento de salida, los accionistas reciben su porcentaje del valor de la empresa.
Suena bien. El problema es que mientras en Europa y EE.UU. en 2012 se implementaron las primeras regulaciones, en América Latina o está prohibido o no está regulado. Pero como hablamos de la tierra del realismo mágico, eso no impide que ya exista en Chile, Brasil y México. Con las plataformas autorregulándose, en una nebulosa, mientras los gobiernos observan discretamente desde sus balcones.
Hoy el desafío es conseguir marcos regulatorios equilibrados, que fomenten la inversión a la vez que protejan a empresas e inversionistas de riesgos operacionales o fraude. “La creación de normativas muy restrictivas puede disminuir el poder de este tipo de crowdfunding”, comenta Frank Hoder, consultor de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). “Donde está prohibido se evita el riesgo de fraude, pero también limita la capacidad de crecimiento económico”, agrega.
Según las plataformas, este sistema no solo permite destrabar la inversión, sino también tener mayor trasparencia. Esto, por tener procesos totalmente online, con toda la información disponible. “Además se genera un vínculo humano entre inversionista y emprendedor muy interesante”, dice José Antonio Berrios, fundador de Broota. Fundada en 2013, es la primera plataforma de crowdfunding equity en Sudamérica. Opera en Chile y Brasil y permite inversiones desde US$ 200, sin un límite máximo. Un ejemplo es Algramo, una red de dispensadores de productos como detergente o legumbres en pequeñas cantidades, que en 2014 recaudó más de US$ 130 mil en la versión chilena de Broota.
Pero en América Latina el matrimonio entre las plataformas y Estado aún no se regulariza. En Chile, Broota opera en diálogo con la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), mientras que en Brasil las inversiones deben ser informadas a la Comisión de Bolsa y Valores Mobiliarios. Mientras tanto, en México la plataforma Play Business permite invertir desde US$ 6, aunque en un formato de copropiedad, sin emitir acciones. Esto porque “la ley Mexicana no permite vender acciones al público en general”, según comentan en su sitio web. “Somos como el hijo no reconocido del Estado”, explica Berrios, de Broota. “Y el Estado está esperando ver si fallamos, para desconocernos, o si agregamos valor, para aparecer y abrazarnos”. De todos modos, las plataformas no se quedan sentadas esperando.